República Dominicana:

Reforma laboral no está en agenda de sindicatos

Las centrales sindicales emitieron en febrero 2015 un comunicado en el cual indican que el tema de la modificación del Código Laboral ha quedado fuera de la agenda del movimiento sindical y afirmaron que el sector empresarial intenta manejarlo como un tema de campaña.
La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD; la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS; y la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CASC, respondieron así a las últimas declaraciones hechas por el sector empresarial urgiendo la reforma del Código de Trabajo, argumentando “alta carga laboral” y mafias de abogados que extorsionan a las empresas.

Las organizaciones explicaron que “llama la atención los renovados ímpetus, mostrados en los últimos días por los empresarios que plantean nuevamente modificar el Código de Trabajo”.

Refieren que “la insistencia del sector empresarial no solo es desafortunada, sino también extemporánea, ya que este tema ha quedado fuera de la agenda del movimiento sindical, por lo que no es relevante para los trabajadores y las trabajadoras”.

Sostienen que los empresarios, a través de sus organizaciones, intentan sorprender a las autoridades gubernamentales y a los congresistas aprovechando la actual coyuntura electoral, haciendo llegar a los candidatos presidenciales la idea de que es necesario “modernizar” el Código de Trabajo, cuando su intención real es que procuran reducir los derechos laborales y con ello contribuir a aumentar los niveles de pobreza y la brecha de la inequidad distributiva que existe en el país.
Afirman que para lograr su objetivo, el sector empresarial recurre a tergiversaciones, como su insistencia en que la “carga laboral” es más alta en Republica Dominicana que en el resto de la subregión; lo que dicen “es totalmente falso”.

Sobre la denuncia del empresariado de embargos abusivos y el ejercicio temerario de abogados en el área laboral, las centrales sindicales indicaron que esto “no constituye un problema del Código de Trabajo sino del ejercicio mismo del derecho, para lo cual se deben establecer parámetros que sirvan de contención a estas prácticas que consideramos lesivas no solo a los empresarios sino al interés nacional”.
Agregaron que están en contra de estas acciones dolosas y del uso abusivo de ejecuciones o (embargos) que hacen abogados con baja ética profesional en el área laboral pero que también existen abogados de empresarios que recurren a acciones igualmente dolosas “para impedir el ejercicio de los derechos laborales, sobre todo en el ámbito colectivo, como las presiones, chantajes y amenazas para evitar la constitución de sindicatos y la negociación de convenios colectivos, lo que no es un problema del Código, sino un ejercicio ilegal alejado de la ética del profesional del derecho”.
Señalan que la temeridad en el ejercicio del derecho y los embargos abusivos y algunas veces ilegales van a existir siempre, tal como ocurre en el ámbito civil, comercial, administrativo, de tierra e incluso penal.

Consideran que en este problema lo que se requiere es el establecimiento de sanciones responsables cuando se presenten estas actuaciones y desmotivar con ello esta práctica. Las organizaciones sindicales reiteraron que el tema de la reforma al Código de Trabajo que a su juicio, solo intenta reducir los derechos laborales, quedó cerrado.
Alertaron a las actuales autoridades ejecutivas, congresistas y a quienes tienen aspiraciones electorales “no dejarse confundir con esta renovada insistencia de los empresarios, de que es necesario reducir los derechos laborales para que el país sea más competitivo y se creen más empleos formales”.

Causas del retiro del diálogo

En noviembre del año 2015, se dieron por cerradas las discusiones que se llevaban a efecto en el marco del diálogo tripartito que convocó el Gobierno y que contó con la mediación del rector de la Universidad Intec, Rolando Guzmán.
Esta ruptura se produjo después de que en 19 rondas de negociaciones no se avanzara más que en algunos aspectos procesales y para mejorar la conciliación; en razón de la posición del movimiento sindical de no ceder ante las pretensiones de los empresarios que querían disminuir conquistas económicas y contractuales entre ellas el derecho a la cesantía, y luego de que en el Comité Nacional de Salarios, las autoridades gubernamentales se aliaran para solo aumentar al salario mínimo un 14%, a espalda de los trabajadores.

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